369 mujeres artesanas colombianas convierten la hoja de coca en economía circular
Con el proyecto Tinta Dulce, que utiliza pigmentos naturales como el de la hoja de coca, mujeres de Boyacá, Cundinamarca y Santander tienen la oportunidad de aumentar sus ingresos significativamente. Una pieza teñida con hoja de coca puede costar el doble que una teñida con químicos artificiales.
En Guacamayas, Boyacá, un centro de mesa tejido a mano se vendía en $75.000. Hoy, teñido con harina de hoja de coca, vale $149.000. La diferencia no está solo en el precio: está en quién se lleva ese margen. Detrás de cada pieza hay una artesana que ahora conoce el costo real de su trabajo, cobra por su mano de obra y vende a compradores que antes no podían imaginar.
Es el resultado de un modelo de economía circular que opera en tres departamentos de Colombia y que hoy involucra a 473 personas, el 78% de ellas mujeres: hilanderas, tintoreras, tejedoras, cultivadoras de fique y cuidadoras de ovejas que han encontrado en la hoja de coca —no en el mercado ilegal, sino en sus propiedades como tinte natural— una herramienta de transformación económica.
Los orígenes de Tinta Dulce, el proyecto colombiano que impulsa el uso de la coca como tinte natural, se remiten a 2021 en El Tambo, Cauca, con Agroarte, una asociación de 15 personas, 14 de ellas mujeres. Sus resultados establecieron el modelo: antes de la implementación de la línea de tintura natural, las ventas de la asociación durante el primer trimestre de 2021 sumaron $450.000. Al cierre de la segunda fase del proyecto, en marzo de 2023, esas ventas habían llegado a $42.192.580, un crecimiento del 410%.
Pero más revelador que el volumen fue la transformación interna: la tintura natural obligó a hacer un costeo riguroso que incluyó rubros que antes simplemente no se contaban —mano de obra, insumos de tintorería, empaques, agua, luz, transporte—. El pago a las artesanas mejoró en un 248%: las bufandas pasaron de reconocer $14.000 a $25.000 en mano de obra; los chales, de $20.000 a $40.000.
El presente: tres asociaciones, un modelo probado
Hoy, Tinta Dulce trabaja activamente con Asoartes (Guacamayas, Boyacá), Tejilarte (Sutatausa, Cundinamarca) y Ecofibras (Curití, Santander), articulando a 458 artesanas y artesanos activos, más 15 cultivadores de hoja de coca con licencia en la Escuela Agroambiental Arraigo, en Lerma, Bolívar, Cauca.
Los números más recientes provienen de Asoartes, compuesta en un 90% por mujeres y fundada hace 23 años: en 2024 vendieron 18 artículos por $1.215.000; en 2025, 102 artículos por $6.166.000. Un crecimiento del 407% en valor en un solo año. Las ganancias aumentan aproximadamente un 100%, explica la asociación, y “ese margen se reparte entre un mejor pago a los artesanos y las utilidades colectivas de fin de año, explica Rocío Manríquez, quien coordina la asociación».
Ecofibras, fundada en 1995, con 370 personas actualmente —72% mujeres— entre hilanderas, tintoreros, artesanas y cultivadores de fique en Santander, opera ya a escala semi-industrial: en una sola jornada de tintura pueden procesar 32 kilos de fibra utilizando 8 kilos de harina de coca en hasta seis ollas simultáneas. Por su parte, Tejilarte, en Sutatausa, Cundinamarca, con ocho años de historia, integra a 40 personas —80% mujeres— que controlan toda la cadena: crían ovejas, hilan, tejen y venden directamente sus piezas.
Una cadena de valor completamente local
La harina de coca —hoja tostada y molida— llega desde Lerma, Cauca, donde la Escuela Agroambiental Arraigo coordina la cosecha entre 15 familias con licencia. En los últimos dos años, el proyecto ha comercializado 50 kilos de este insumo por un valor de $3.600.000. En las asociaciones, son las propias artesanas quienes realizan el proceso de tintura: cocinan la harina, filtran el baño de tinte y sumergen la fibra natural a fuego lento. La harina puede congelarse y reutilizarse; el baño de tintura, recuperarse dos o tres veces. Mezclada con otras plantas, genera una paleta cromática variada que amplía el catálogo de producto.
En el caso de Guacamayas, Rocío Manrique —almacenista de Asoartes— es además la voz de un cambio que va más allá del precio: la eliminación de ácidos y mordientes sintéticos del proceso productivo transforma la salud de quienes tiñen. «Ya no trabajo con químicos que me dañan las manos y los pulmones», señala Manrique, quien también coordina la venta directa a almacenes en ciudades.
Mercados que antes no existían
El proyecto ha abierto acceso a compradores internacionales, almacenes en Bogotá y Cali, y ha incrementado significativamente las ventas a través de redes sociales. Los productos con pigmentos naturales compiten en segmentos de consumo consciente, comercio justo y moda sostenible donde los precios pueden ser hasta tres o cuatro veces superiores a los de textiles teñidos industrialmente —una realidad que el mercado nacional está comenzando a valorar.
No obstante, el mayor freno para escalar el modelo no es técnico ni comercial: es jurídico. La clasificación de la hoja de coca en la Lista I de sustancias sujetas a fiscalización internacional de Naciones Unidas, y la ausencia de regulación nacional para sus usos alternativos, limitan la formalización y el crecimiento de una cadena de valor que ya demostró ser viable, rentable y sostenible.
El camino que sigue
Los números ya demostraron que el modelo funciona. El siguiente paso no depende de las artesanas —que ya dominan la técnica, ya acceden a nuevos mercados y ya construyen economías locales sólidas— sino de dos fuerzas externas: los consumidores y el Estado.
Cada comprador que elige una pieza con tinte natural sobre una teñida industrialmente amplía el mercado y justifica precios más justos. Cada almacén, diseñador o plataforma de moda sostenible que incorpora estas artesanías a su oferta fortalece una cadena que hoy opera casi en los márgenes del sistema. Y cada avance en la regulación del uso alternativo de la hoja de coca —a nivel nacional e internacional— abre la puerta a que este modelo se replique, escale y llegue a más manos, más territorios y más mujeres.
La hoja de coca lleva siglos en el territorio colombiano.
Lo que está cambiando es quién decide qué hacer con ella.
Bogotá D.C. Colombia
Marzo, 2026
